El carnaval de la democracia (III)


El carnaval de la democracia (III)

  

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  Aunque tales cúpulas estaban constituidas por un conglomerado mucho más extenso, en el que, junto a la familia real, cuya lealtad se aseguraba, coexistían los viejos poderes de la nobleza, la Iglesia, la aristocracia empresarial, financiera y mediática, y una particularidad muy española como lo era y lo sigue siendo ese alto funcionariado del Estado de carácter casi hereditario. Muchos de ellos habían medrado y, desde luego, todos habían vivido felices durante el franquismo, pues no hay que olvidar que fueron estos sectores los que apoyaron o vieron con buenos ojos el levantamiento de 1936. Y, ahora que Franco moría, conformaban ya una red demasiado extensa e imbricada en el aparato del Estado como para que su desalojo pudiera llevarse a cabo sin una revolución o un nuevo enfrentamiento civil. Pero el fin del franquismo, al igual que el de otras dictaduras europeas como la portuguesa o la griega, era la condición estética inexcusable para que las democracias más avanzadas del norte de Europa consintieran en su participación en un proyecto común que incluyera a aquellos países, requisito, a su vez, para la aspiración de las élites mundiales, capitaneadas por los Estados Unidos, de configurar un gran mercado en el viejo continente. Todo ello se resolvió, en España, por la vía de un pacto con las élites locales que habían de dirigir la transición. ¿En qué términos? Conviértannos su espacio en un entorno de apariencia homologable que sirva a nuestros intereses, y nosotros les permitiremos a cambio mantener sus situaciones personales de privilegio dentro de la configuración que elijan para su nuevo «régimen democrático». Efectivamente, Franco moría, pero el franquismo lo dejaba todo «atado y bien atado», limitándose a ponerse un disfraz.

  A quien dude, a quien se escandalice ante las insinuaciones de que los escarceos de algunos de los principales jerarcas de la transición española con un régimen que legitimó el genocidio para la consecución de sus fines políticos, a quien se sienta tentado de negar una cierta identificación por parte de tales cabecillas con la esencia de semejante movimiento, no viendo tras esa pretendida simpatía más que una manipulación interesada de lo que no pasó de ser un accidente impuesto por las circunstancias, conviene recordarles algo. Un accidente, por definición, es eventual, contingente, y no suele repetirse. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, el Estado español concedió cincuenta y seis condecoraciones a miembros de la dictadura argentina, cuarenta y tres de las cuales a militares que habían participado directamente en aquella represión de naturaleza genocida, y que terminarían siendo condenados en los «Procesos de Memoria, Verdad y Justicia» por crímenes entre los que se contaban la tortura y el asesinato. Militares como Lambruschini, Viola, Medrano, o el mismo Videla, quien recibió la distinción de manos del rey Juan Carlos, eran de ese modo agasajados por una nación que ostenta el dudoso honor de ser la que mayor número de condecoraciones ha otorgado a aquel sangriento régimen. A día de hoy, ni una sola de las concesiones de tales títulos ha sido revocada.

  Pero el coqueteo fue recíproco. Durante la época del directorio militar argentino, su embajada en Madrid dio amparo a una red de espionaje que controlaba a los refugiados de aquel país en España. Por medio de esa delegación, sobre la que llegó a pesar la sospecha de algún asesinato, la dictadura sudamericana hizo llegar en noviembre de 1983 un sobre con medallas dirigidas a Juan Carlos de Borbón, Manuel Fraga, Felipe González, y otras personalidades e instituciones, entre las que se contaban los diarios ABC y El País, o la Fundación Marcelino Botín, creada por el tío del ex presidente del Banco Santander. Los dirigentes de la dictadura, cuyo presidente ya había declarado al rey de España «huésped de honor» cinco años antes, habían mostrado entonces una especial admiración por la figura de Manuel Fraga, de quien era singularmente apreciada la habilidad con que había llevado a cabo su particular ejercicio de travestismo democrático.

  Schumann escucha, con la mirada fija en la cornisa al otro lado del cristal. «¿Y todo ese cortejo mutuo?» —pregunta—. «¿Vas a decirme que era solo admiración y galanteo?». «E intereses comerciales, quizás. Lo que también sucede es que al otro lado del charco ya le veían las orejas al lobo, y querían aprender cómo estaba haciéndolo a este lado más de uno para marcharse de rositas». Y es que el modelo de impunidad post-franquista estaba teniendo tanto éxito que comenzaba a ser internacionalmente conocido y reputado entre sus correligionarios con la fama de una línea a seguir. Hay ejemplos recientes.

  En el año 2000, el militar argentino Ricardo Miguel Carvallo había sido acusado por el juez Baltasar Garzón de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la Escuela Superior de Mecánica Armada, un centro clandestino de detención y exterminio. En 2003, cuando ya se había ejecutado su extradición a España, Óscar Antonio Carvallo, padre del procesado, solicitó por carta al rey Juan Carlos que intercediese por su hijo ante la justicia. Los términos empleados en la misiva ponen de relieve la misma convicción que había llevado a varios dirigentes de la dictadura argentina a viajar a España, donde algunos tomarían parte en la guerra sucia contra ETA e, incluso, en el intento de golpe de Estado del 23-F. En cualquier caso, tras recibir asiento en el registro de la Casa Real con fecha del 10 de octubre de 2003, la carta fue dirigida desde allí al Ministerio de Justicia español, por entonces a cargo de José Mª Michavila, del Partido Popular.

  «De acuerdo» —me interrumpe Schumann—, «creo que no necesito más ejemplos. En cualquier caso, la redacción de la Constitución no solo corrió a cargo de la derecha franquista». «Sí, sí, ya casi estamos regresando a ese punto. Yo, que vivo en una lejana población apartada de todo, puedo matar, y entonces soy un asesino. El juez del pueblo en el que vivo debería condenarme, pero no lo hace, acaso porque tengo el suficiente poder para influir en él. Además, soy padre, y mis hijos, que han de seguir viviendo allí y son menores de edad, podrían quedar desamparados si yo acabo en prisión o pierdo mi patrimonio. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Acaso deben sufrir las consecuencias de mi crimen? No todos ellos me ven con los mismos ojos. Algunos reprueban mi acto; otros, que piensan que actué en legítima defensa, consideran que merezco el perdón. En cualquier caso, y esto es lo principal, si acabo encerrado podría nacer entre ellos una discordia definitiva. Enemistados de por vida, ¿qué futuro aguarda a su relación? ¿Recuerdas lo que dijo en 1975 el embajador estadounidense Stabler sobre Alianza Popular? ¿Que le parecía una «relación antinatural entre personas que solo tienen una cosa en común, el rencor»? «Detente ahí. ¿Qué cuento es ese? ¿Y qué hay de los familiares de la víctima?». «Ahí está el problema, Schumann. Son los mismos, los de la víctima y los del asesino. Porque yo he matado a mi padre».

  Ahora es la propia Schumann quien me reprueba a mí. No la ha convencido en absoluto la parábola, y no tanto por el simbolismo de esa dictadura que «asesina» a la República, cuanto por la supuesta indefensión moral del pueblo que se infiere de la alegoría. Argumenta que no, que los hijos del asesino no son menores de edad, y que si los artífices de la transición española han tratado a su pueblo como tal, ha sido solo en nombre de un falso paternalismo que oculta la voluntad de mantenerlo, bajo el pretexto de su inmadurez, condenado al sempiterno rol de mera fuerza de trabajo y masa electoral desposeída del ejercicio efectivo de sus derechos. La miro. Siento su indignación palpitar. Ninguna novedad cuando se trata de democracias aparentes. La única particularidad de esta son sus avatares precisos, la elección de las máscaras.

  Me doy cuenta de que, probablemente, Schumann está más cerca que yo del punto al que yo mismo pretendo llegar. Me aventaja en algunos párrafos, en algunos días o en algunos años. De algún modo, está ya en el futuro. Se lo digo y se ríe, recuerda lo que nos ha pasado hace apenas un par de horas durante el concierto de jazz al que hemos acudido. Aunque todavía no es momento de ir al futuro. Todo lo contrario. Antes de enterrar para siempre el cuerpo del dictador, aún nos quedaba un último cabo («atado y bien atado»). Es 19 de noviembre del año 1975 y, en su lecho de muerte, Francisco Franco le hace entrega a su sucesor de una parte vital de su legado, quién sabe si la más importante. No se trata ya de algo simbólico como el retrato de Alfonso XIII, sino de un encargo, una misión muy específica. Lo explica el entonces príncipe. Tomándole la mano, el exánime general le dice: «Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España». Para Juan Carlos de Borbón, en esa última voluntad reside un significado que parece trascender lo concreto de la demanda. Existen principios por encima de los cuales no hay nada, o situaciones que tan solo pueden perpetuarse en base a la sacralización de determinados principios.

  Tal vez, a partir de aquí, comprender la naturaleza del proceso constituyente resulte menos arduo. Recordamos al inicio la estrecha relación que más de la mitad de los siete ponentes del proyecto guardaban con el régimen anterior. Al margen de Fraga, representante de Alianza Popular cuya filiación ya quedó clara, los tres diputados de UCD que tomaron parte en la redacción del anteproyecto habían sido miembros de las Cortes franquistas: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca. Sin una vinculación directa con el régimen, Gregorio Peces-Barba (PSOE), Miquel Roca i Junyent (del ala más conservadora de Pacte Democràtic per Catalunya) y Jordi Solé Tura (PSUC) completaban la nómina. Tras iniciarse la legislatura en julio de 1977, a finales de año se conoció a través de la prensa un borrador de los primeros trabajos de la ponencia. Por él se supo de un voto particular del PSOE en favor de la República, que en el texto se hablaba de nacionalidades, que el Estado podría intervenir en la economía e incluso en la dirección de las empresas. No parecía claro aún que fuera a garantizarse la libertad de enseñanza. En otros ámbitos, apenas si se mencionaba a la Iglesia católica, y no se descartaba en absoluto la posibilidad de legalizar el aborto. La derecha más conservadora puso el grito en el cielo. Empresarios, banca, enseñanza privada, Iglesia… todos los sectores agraviados se aprestaron desde aquel preciso momento a influir en el texto. Y las tensiones que se habían generado en la sociedad se trasladaron de vuelta a las ponencias. Surgieron desavenencias entre UCD y el PSOE con motivo de diferentes enmiendas, pero estas guardaban menos relación con el fondo de las propuestas que con las quejas de los socialistas ante el hecho de que la Unión de Centro Democrático estuviese tratando de ganar todas las votaciones a base de ir consiguiendo un aliado circunstancial en cada una de ellas. Por su parte, Alianza Popular (que solía ser dicho aliado), expresaba su claro descontento ante la inclusión del término nacionalidades, que a su juicio era incompatible «con el principio de unidad de la nación española». De una forma u otra, la visión de la derecha franquista estaba a punto de comenzar a deslizarse en el texto, pero su sello debía estamparse de un modo que pudiera resistir el más escrupuloso análisis democrático.  A partir del mes de mayo siguiente, con la entrada del anteproyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, los debates sobre el articulado pasaron a ser públicos. La realidad, sin embargo, fue que gran parte de las decisiones importantes fueron tomándose durante negociaciones paralelas que tenían lugar en secreto, como los denominados «Pactos del mantel», una serie de reuniones privadas en las que se decidía lo que terminaría votándose al día siguiente en el Congreso. Ejemplo de ello es la larga cena celebrada a finales de ese mes en un restaurante de la calle Rafael Salgado, en Madrid, en la que llegaron a acordarse 25 artículos de la actual Constitución. Convertidas las deliberaciones parlamentarias en simples negociaciones de sobremesa, se habían incorporado a estas los centristas Fernando Abril, Gabriel Cisneros y Rafael Arias-Salgado, o los socialistas Alfonso Guerra y Enrique Múgica. Por su parte, Alianza Popular se sentía cada vez más desplazada, y terminaría retirándose de la Comisión de Asuntos Constitucionales, momento en el cual Fernando Abril y Alfonso Guerra se convertirían en los principales negociadores. Puede imaginarse el impacto de esta situación sobre el ánimo de los miembros del partido de Fraga, que, con solo 16 diputados, carecía del peso suficiente para erigirse en la pieza clave que hubiera deseado ser. También puede ponderarse, a la luz de todo ello, la antigua observación de Stabler sobre Alianza Popular: «una relación antinatural entre personas que solo tienen una cosa en común, el rencor».

  Sin embargo, el paroxismo democrático se alcanzó con el episodio de la llamada «nota impuesta». Lo refiere uno de los ponentes, Solé Tura, en su obra de 1985 Nacionalidades y nacionalismos en España, y es uno de los capítulos más silenciados por quienes se han empeñado en vender la imagen de la transición española como un proceso modélico. Hemos visto las reticencias de los sectores más conservadores —muy especialmente, pero no solo, de Alianza Popular— a la inclusión en el texto constitucional de cualquier referencia a una nacionalidad diferente a la española. Comunistas y nacionalistas, no obstante, se mostraron intransigentes desde un principio, haciendo hincapié en que se trataba de una cuestión de la que dependía la ruptura o la continuidad del consenso. Finalmente, al término de una sesión presidida por el propio Solé Tura, este recibió una nota manuscrita procedente de La Moncloa, que no era sino la redacción del actual artículo segundo de la Constitución, que consagra la «(…) indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)». Solé Tura remarcó ante los presentes las deficiencias en la redacción y la sintaxis del texto, que no dejaba de ser un refrito de las discusiones tenidas entre los diputados de UCD, los comunistas y los nacionalistas, pero con modificaciones hasta el momento desconocidas pues no habían sido fruto de las deliberaciones parlamentarias. La respuesta de UCD fue que de aquel escrito no podía variarse ni una coma, pues era el resultado literal del compromiso alcanzado con ciertos sectores consultados. No se mencionó de forma explícita de qué sectores se trataba, pero es obvio que aquellas líneas eran la contribución del Ejército, el sello de la derecha franquista a la carta magna. ¿El único? No, aunque sí desde luego el menos sutil.

  La Constitución fue aprobada (a regañadientes por algunos, pues la mitad de los 16 diputados de Alianza Popular votó en contra o se abstuvo), y ratificada el 6 de diciembre de 1978 en un referéndum sin garantías como resultado de diversas irregularidades. La primera de ellas fue la incorporación al censo de más de tres millones de nuevos electores cuando el referéndum ya había sido convocado, mediante la inclusión, a través de un Real Decreto, de los mayores de 18 años (hasta ese momento solo tenían derecho a voto los mayores de 21). En ausencia de recursos informáticos, y con apenas dos semanas de margen, esto provocó un considerable caos administrativo en la confección de las listas, además de las críticas de los expertos de la época, que consideraron que, para tal franja de edad, la cantidad de nuevos votantes era desproporcionada. Además, pocos días antes de la votación, el propio Instituto Nacional de Estadística —responsable de la elaboración del censo—, reconoció la existencia en el mismo de una «sobrevaloración» (duplicidad) que suponía «en números absolutos alrededor de 1.250.000 personas». Esta anomalía, que no fue subsanada, significaba en la práctica que ese número de personas pudo haber votado dos veces. Por último, cruzando los datos reflejados en la documentación que utilizaron, por una parte, el Ministerio del Interior, y por otro, la Junta Electoral Central, puede verse que ambas estaban sirviéndose, la misma noche del referéndum, de dos censos diferentes, y es que la cifra de inscritos según los registros de uno y otro organismo solo coincidía en 11 provincias.

  «De acuerdo» —objeta Schumann—, «pero el apoyo al Proyecto de Constitución por parte del pueblo fue masivo». «Cercano al noventa por ciento» —respondo—. «Pero en unas circunstancias políticas en las que a los electores se les hizo sentir ese paso concreto como necesario. ¿Es que era preferible la situación anterior? ¿Qué nivel de conocimiento real del articulado tenían los ciudadanos? ¿Hasta qué punto eran conscientes de los mecanismos de reforma constitucional que la propia carta contemplaba? ¿Y el sistema electoral consagrado en ella, acaso era justo? Volveremos sobre eso, porque es uno de los pilares alrededor de los cuales todo se dejó «atado y bien atado». Alexis de Tocqueville, uno de los principales ideólogos del liberalismo político, afirmó en el siglo XIX que no temía al sufragio universal, porque «la gente votará como se le diga». Esta máxima se resume en que terminará imponiendo su opción quien esté dotado del suficiente poder para hacerla más visible. ¿Repasamos qué pedían los periódicos de la época en los días previos al referéndum? ¿Revisamos ahora en manos de quiénes estaban tales rotativos? Tiempo habrá, también, de llegar a eso». «Muy bien, ¿y si no lo hace?». «¿Qué quieres decir?». «¿Y si la gente no vota como se le diga? Hemos convenido que Europa y el mundo están mirando. Que España necesita mostrarse ante ellos como una democracia homologable si quiere entrar a formar parte de todos esos clubs que… ya me entiendes». «Hay muchas maneras. Normalmente, es difícil llegar a esa situación, pues la élite dispone de suficientes mecanismos para influir en el sentido del voto de la gente. Existen recursos desesperados, como la construcción organizada de una masa acrítica entre los votantes. Para eso se requiere tiempo. En ocasiones es la propia situación del país la que se vuelve desesperada, y entonces peligra de verdad la estabilidad de la confianza popular. Como norma general, el éxito está garantizado si no se alcanza semejante límite. No entraremos en consideraciones acerca de tácticas verdaderamente in extremis, porque el recurso a técnicas como el pucherazo no parecía muy viable dadas las circunstancias que analizamos. Aunque no olvidemos que el censo del referéndum constitucional español del 78 adoleció de enormes deficiencias. Ello no fue un obstáculo para que la carta magna saliera airosa del trámite. Y, cuando en un país, una constitución puede llegar a ser el fruto de negociaciones extraparlamentarias, aderezarse con imposiciones marciales, y ratificarse con dudosas garantías… Cuando todo eso ocurre, digo, y no pasa nada, absolutamente nada, ¿quién nos dice que no pueda irse más allá en el futuro?». «¿En qué sentido?». «¿Quién nos dice que no pueda usurparse mediante procesos autoritarios o coactivos lo que ha salido de las urnas?». «¿Un golpe de Estado? Pero eso no funcionó. No llegó a consumarse, quiero decir». «¿No llegó? ¿Seguro?».

   Quien estaba delante de un televisor en España la noche del 23 de febrero de 2014, probablemente recuerde cómo el periodista Jordi Évole jugó con su audiencia al mismo juego que había practicado con sus radioyentes tres cuartos de siglo atrás Orson Welles. En octubre de 1938, el director de cine estadounidense adaptó el clásico de ciencia ficción de H. G. Wells La guerra de los mundos, presentando en su programa de radio la retransmisión verosímil de una invasión extraterrestre. Pese a que el programa había advertido de que se trataba de una dramatización, gran parte de la audiencia llegó a creer durante varios minutos que el país estaba siendo invadido en realidad, con la consiguiente alarma generalizada. Évole, que no se hace eco de este referente, sino del documental de ficción Operación Luna, que, retransmitido en abril de 2004 por la televisión francesa, presentó como veraz que la llegada del hombre a la Luna había sido un engaño, logró con su falso documental, Operación Palace, sembrar entre los más de 5 millones de espectadores de audiencia que tuvo el programa la duda acerca de la génesis del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según se planteaba en la ficción, el golpe militar había sido orquestado por los propios gobernantes españoles quienes, en connivencia con la Casa Real, el Ejército y la prensa, y el consentimiento de Juan Carlos de Borbón, pretendían de aquel modo consolidar la legitimidad de la monarquía mediante la intervención providencial del rey en el abortamiento del golpe. Se trataba de una tesis que podía resultar creíble, por cuanto no era la primera vez que semejante teoría había sido enunciada como explicación plausible a determinados hechos oscuros relacionados con el episodio del 23-F. Solo al finalizar el documental, el espectador conocía la falsedad del mismo. Así, tras la catarsis, todo volvía a estar bien, y se reafirmaba, por contraste, la convicción en el ánimo de los españoles de que la única verdad era la explicada por la versión oficial.

  Sin embargo, en abril de ese mismo 2014, la periodista valenciana Pilar Urbano publicaba su libro de investigación La gran desmemoria. Solo habían transcurrido unas semanas desde el fallecimiento de Adolfo Suárez, y en la obra de Urbano (que fue duramente criticada por la Casa del Rey, varios ministros de la época y el hijo del propio Suárez, quienes la tacharon de «novela de ficción») se revelaban los detalles de la «Operación Armada», que mostraba una versión del papel de la monarquía en el 23-F no muy alejada de la que Évole había jugado a presentar como falsa.

  Al parecer, desde julio de 1980, el general Alfonso Armada había estado alertando al rey de España de la situación límite que vivía el país. El 5 de enero de 1981, poco más de un mes antes del golpe, Armada advierte al monarca de la existencia de una coyuntura de pregolpe, planteándole, para evitarlo, una «solución de Estado» —que también llama «golpe de timón»— resultado de los numerosos encuentros que había mantenido con políticos de todo signo. Armada, en quien el monarca confía plenamente, le asegura que no se trata solo de miembros del «búnker», sino de dirigentes con representación parlamentaria, incluidos miembros del PSOE y Alianza Popular. El rey no desoye a Armada, pero considera que el gran obstáculo para llevar adelante el proyecto es Adolfo Suárez, quien había sido elegido presidente del Gobierno en las primeras elecciones libres celebradas en España tras la dictadura, en junio de 1977. Así, pide a este que acuda a la Zarzuela, y tras pintarle un panorama apocalíptico, le hace saber que se impone la aplicación de «remedios extraordinarios». Cuando Suárez le pregunta a qué se refiere, Juan Carlos de Borbón le contesta sin ambages que la solución es «otro hombre en la presidencia», probablemente un gobierno de concentración, con Armada a la cabeza.

  En realidad, el clima de ruido de sables que estaba creándose era obra del propio Armada, que había actuado en colaboración con el CESID, además de con otros militares, políticos, empresarios y periodistas. Todos, y en particular los militares, criticaban la gestión de Suárez al frente del Gobierno. Pero este era muy consciente de la naturaleza de la conspiración que buscaba acabar con él, y así se lo hace saber al jefe del Estado, espetándole que Armada no es la solución al golpe, sino justamente el problema. Por ello, se niega al traslado de Armada —por entonces destinado en Lleida— a Madrid como segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. El rey monta en cólera. No será la primera vez que lo haga durante los diversos encuentros que mantendría con el presidente del Gobierno a lo largo de las semanas previas al golpe. Suárez responde: «Hablemos claro, señor, yo no estoy en el cargo de presidente porque me haya puesto ahí su Majestad». A lo cual, el monarca replica: «Tú estás ahí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos… Yo estoy aquí porque me ha puesto la Historia, con setecientos y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de diecisiete reyes de mi propia familia (…) Uno de los dos sobra en este país (…) Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar». Presionado de este modo, el presidente plantea al soberano la disolución de las Cortes, pero este no quiere ni oír hablar de algo así. Suárez insiste en que tal decisión no corresponde  al jefe del Estado. En realidad, este planea una salida de apariencia mucho más «democrática», como es la moción de censura, tras lo cual podría llevarse a cabo la «Operación Armada», es decir, el gobierno de concentración. Este es el motivo por el cual se negaba a firmar la dimisión de Suárez.

  Pero los acontecimientos se precipitan cuando los generales Elícegui, Merry Gordon, Milans del Bosch y Campano López, acompañados de un almirante, se presentan en la Zarzuela el 23 de enero. El rey llama a Suárez. Este se niega a hablar con ellos allí y pide que lo acompañen a La Moncloa. Una vez en el despacho presidencial, Milans le dice a Suárez que debe dimitir ya. Cuando este le pide al militar que le dé una razón, el general Pedro Merry Gordon saca del bolsillo de su guerrera una pistola Star de 9mm y, con ella en la palma de su mano izquierda, amenaza al presidente: «¿Le parece bien a usted esta razón?». Juan Carlos de Borbón advierte a Suárez: «¿Te das cuenta de hasta dónde me estás haciendo llegar?». Cuatro días más tarde, Suárez acude a la Zarzuela para comunicar al rey que tira la toalla. La reacción de este es fría. Llama a su secretario, Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey, y le pregunta: «¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué pasos? Es la primera dimisión de un presidente en democracia». En realidad, las nuevas circunstancias dejan a los golpistas sin argumentos para la sublevación.


  13 de diciembre de 2017.


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