El carnaval de la democracia (VI)


El carnaval de la democracia (VI)


 Leer la quinta parte.


«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».

Giuseppe Tomasi di Lampedusa


  «Aquí tienes, no vaya a enfriársete» —ironiza Schumann, que está casi quemándose los dedos. «Sería una catástrofe. El café, como la amistad, una vez frío nunca recupera su sabor original, aun si lo recalientas». «Touchée» —sonríe, mientras exagera un ademán dramático llevándose la mano al pecho y termina por regresar bajo el edredón con gesto felino—, «¿y cómo sigue el cuento, filósofo?». «¿Me permites otro pequeño flashback?». «¿De menos de un siglo?». «Mucho menos. Recordarás que, en 1971, Vernon Walters era comisionado por Nixon para sondear al general Franco acerca de sus planes de futuro. Se trataba de apuntalar una sucesión que, si bien oficializada por el dictador en 1969, se ajustaba en realidad al camino prescrito al otro lado del Atlántico el año anterior. Y es que en abril de 1968, durante la reunión anual que los miembros del Grupo Bildelberg habían mantenido en la localidad canadiense de Mont Tremblant, las élites políticas, financieras y mediáticas occidentales habían dado ya su beneplácito formal al relevo en el dosier The possibilities of selecting Juan Carlos de Borbón as successor to Generalissimo Francisco Franco. Ahora bien, un proceso de tal envergadura necesitaba contar con la supervisión y el impulso de los agentes capaces de dar cobertura práctica a las acciones necesarias para su consecución. Con este fin, puede constatarse cómo durante el período que va de 1966 a 1969, en el que Manuel Fernández-Monzón ejercía de secretario general del servicio de contraespionaje, la inteligencia española mantenía ya un estrecho vínculo con la CIA. Para estos últimos, el punto de partida consistía en la certeza de que el futuro rey no podía de ningún modo estar al frente de un régimen como el anterior, y Franco, siendo muy consciente de ello, solicitó a Walters que se pusiese en contacto con los servicios secretos españoles, en un primer momento a través del general Manuel Díez-Alegría, y en última instancia de Carrero Blanco. Todo esto lo explica el general Fernández-Monzón en su obra El sueño de la transición. En Misiones discretas, sin embargo, Vernon Walters había apuntado, como motivo de esta reunión, su necesidad de verificar el apoyo real con que contaba el príncipe entre los militares, con lo que la versión de Fernández-Monzón queda así algo matizada. Sea como fuere, el caso es que Walters enlazó con los futuros integrantes del SECED por intermedio de Carrero —que le pidió al espía que se entendiese directamente con ellos—, comenzando a entablarse relaciones fluidas con quien estaba a punto de convertirse en el director del Servicio Central de Documentación, el coronel José Ignacio San Martín».

  A partir de este momento, y tal vez ignorante de su trascendencia futura, Carrero lleva a cabo la restructuración profunda de los servicios de información españoles que conduce a la creación del SECED, alrededor del cual se aglutina a la plana mayor militar. Pero los contactos entre este y la CIA son lo bastante estrechos como para que, desde la inteligencia norteamericana, se llegue pronto a la conclusión de que los siguientes pasos a dar no están tan atados y bien atados como había presupuesto el entonces ya muy débil «Caudillo». Es cierto que el logro de la creación de una clase media mayoritaria se encontraba muy avanzado desde que comenzaran a aplicarse las medidas contempladas en el «Plan de Estabilización» a finales de los cincuenta, pero, en otros ámbitos, la situación parecía aún lejos de estar controlada. La corrección de esta coyuntura tendría que abordarse a través de varios frentes. En el político y social, como hemos visto, la reconstrucción y encumbramiento del PSOE, financiados y apoyados por la Internacional Socialista, el SPD y la CIA, siguiendo instrucciones de la Secretaría de Estado norteamericana y la Presidencia de la República Federal de Alemania, contribuyeron al desmantelamiento de la oposición comunista, si bien no fueron las únicas herramientas, ni muchísimo menos, como descubriremos a continuación. Las vertientes militar y policial, sin embargo, cojeaban aún bastante y, para solventarlo, la agencia norteamericana, con la ayuda de los servicios de inteligencia germanos (BND), trazaría junto al SECED las líneas maestras de una serie de operaciones encaminadas a garantizar un tránsito seguro.

  Como sigue explicando Fernández-Monzón, en un momento dado Carrero Blanco se desentendió de aquel trasiego estratégico, delegando en él y en el coronel San Martín y los suyos la confección del plan, que quedaba de ese modo, al menos por lo que al lado español se refiere, en manos militares. La actuación recibió, por tanto, un toque de inspiración eminentemente marcial y, como tal, comenzó a trabajarse en la línea de lo que suele enseñarse en las academias militares. Lo habitual, cuando se siguen directrices de esa índole, es tratar de situarse en disposición de dar una respuesta a la que se prevé va a ser la reacción del enemigo y, de todas las situaciones posibles que ello plantea, siempre hay que primar la hipótesis más peligrosa. Así nació la primera de las operaciones, denominada «Diana», cuya existencia quedaría también documentada bastantes años más tarde en la edición del diario ABC del día 8 de febrero de 1979. Planificada por el Estado Mayor del Ejército, debía dar solución a un eventual vacío de poder ocurrido durante la sucesión efectiva del príncipe Juan Carlos, en particular si tal situación se producía como consecuencia de una acción revolucionaria. Para ello, había de responderse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, que atribuía a las Fuerzas Armadas y de orden público la responsabilidad de garantizar la unidad de la patria y su defensa, así como la del orden constitucional. Una de las consecuencias de la relevancia que adquirió este artículo con su referencia explícita dentro de la «Operación Diana», que da fe además del poder que ostentaba el Ejército por aquellos años, es el hecho de que, menos de una década después, y tras llegarles «masticado» a los ponentes de 1978, terminaría convirtiéndose en el artículo 8º de la actual Constitución.

  La segunda operación, de nombre «Lucero», tenía el cometido de asegurar la defensa de las instalaciones y personalidades civiles consideradas vitales para el cumplimiento de las acciones de gobierno durante el relevo. No llegó a ponerse en práctica, pues, en ausencia de desórdenes, tanto el enterramiento de Franco como los actos solemnes celebrados en los días posteriores pudieron llevarse a cabo sin que la integridad de los miembros del Gobierno, así como la del resto de autoridades políticas, sindicales, militares y eclesiásticas, corrieran el menor peligro.

  Solo una vez efectuada la sucesión, debía ponerse en marcha la tercera de las operaciones, llamada «Tránsito» por el SECED, pero que en la Zarzuela, donde, según Fernández-Monzón comenzó a fraguarse, era conocida como «Alborada». Esta consistía en un detalle pormenorizado de los actos y el comportamiento de Juan Carlos I durante los seis primeros meses de su reinado, llegando incluso a marcarle un teatro protocolario según el cual, por ejemplo, en los funerales del dictador debía mostrarse efusivo en el saludo al presidente alemán, no tanto a la hora de estrechar la mano del máximo dirigente francés, y abiertamente distante con el chileno Santiago Pinochet. La «Operación Alborada» contemplaba también cómo debía llevarse a cabo la ceremonia de coronación, qué debía hacer el Consejo del Reino, y llegaba a abarcar un ámbito de tal amplitud que, bajo sus auspicios, se reguló incluso la concesión por parte de las empresas de los permisos a sus trabajadores para que pudiesen visitar la capilla ardiente de Franco. Todo, absolutamente todo, había sido organizado por la CIA y el SECED con el propósito de que la transmisión formal de los poderes en el país transcurriese en un clima de tranquilidad por todas las partes, de manera que la normalidad institucional y política no pudieran verse alteradas por ningún imprevisto.

  «Lo que no entiendo» —objeta Schumann— «es cómo podía estar justificada una obsesión semejante, que llevase al extremo de planificar hasta el menor detalle, cuando la oposición se encontraba reducida a la clandestinidad y, además, no contaba con el elemento disuasorio de la fuerza. En tales circunstancias, ¿cómo iba a reventarse la transición?, ¿quién tenía el poder de hacerlo?». «No puede menospreciarse el ejercicio de la violencia terrorista como elemento disuasorio» —respondo—, «si bien este se hallaba lejos de ser la preocupación central de ambos establishments. Lo que inquietaba al español era la importancia numérica de la oposición, pues sospechaban que el apoyo popular real con que contaban las alternativas comunista y socialista era mayor de lo que estaban preparados para enfrentar. En cuanto al estadounidense, las medidas que ya andaban adoptándose para evitar que se reprodujese un caso como el del PCI italiano les procuraban una cierta serenidad. Sin embargo, abrigaban un profundo temor a que la situación se descontrolase por arriba, como sí había amenazado con ocurrir en Portugal». «Te refieres a la Revolución de los claveles». «Sí. Porque la sublevación militar del 25 de abril portugués, comenzó siendo, con Saraiva de Carvalho y Vasco Gonçalves, un movimiento de matices comunistas que la CIA tuvo que apresurarse a reconducir usando para ello al general António de Spínola y el resto de militares moderados. Perder el control de las fuerzas armadas era un riesgo inasumible en España, dado que sin su lealtad al príncipe no podía contarse con la garantía de que el relevo fuera a tener lugar sin sobresaltos».

    «Las maniobras diplomáticas y de contraespionaje que estaban llevándose a cabo por aquellos años dan fe de hasta qué punto la Península se había convertido en el centro de las preocupaciones norteamericanas. Tras la caída de Nixon a raíz del caso Watergate, Vernon Walters convence al presidente Ford para que sustituya al embajador lisboeta por uno de sus mejores hombres, Frank Carlucci, quien llegó a la capital portuguesa acompañado de una legión de ex agentes de los servicios de inteligencia brasileños. Una vez allí, mediante una serie de maquinaciones políticas furtivas, los hombres de Carlucci desplazaron a las facciones más radicales del movimiento, sofocando su espíritu revolucionario y reconduciendo al país luso hacia la anhelada democracia liberal. En España, el papel de Carlucci y los suyos lo desempeñó la nube de agentes de la CIA que, al amparo de la embajada norteamericana, se encontraba en permanente contacto con los hombres del SECED. En un momento dado, el flujo de espías llegó a ser tal que, a raíz de la publicación en 1976 de una lista de sus nombres por parte de la revista Cambio 16, los encuentros entre los miembros de ambos servicios de información tuvieron que desplazarse al extranjero, en particular a ciudades como Lisboa o Burdeos. Menor discreción mostraría un personaje como Arnaud de Borchgrave, subdirector del semanario Newsweek, que estaba considerado el órgano oficioso de comunicación de la CIA. A partir, al menos, de 1975, la presencia de Borchagrave está ampliamente atestiguada en el país, y su influencia alcanzaría pronto el ámbito de la Casa Real».

  «Y todo ese ir y venir» —me interrumpe Schumann—, «¿en qué se traducía exactamente?». «En la calle, en acciones muy concretas. Has de pensar el contexto en el que nace el SECED. Sus antecedentes son el Alto Estado Mayor, que, en una época de aislamiento como la de posguerra, servía sobre todo al rastreo de la oposición en el exilio y a mantener contactos con los espías de las potencias aliadas. El Mayo francés, y la evidencia del mayor grado de coordinación de la acción directa en el ámbito estudiantil español, hacen temer un contagio de la insurgencia universitaria, lo cual motiva la creación, en 1968, de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN). Cuatro años más tarde, esta seguirá funcionando de un modo más silenciado tras la creación del SECED, pero gran parte de sus funciones serán heredadas por el nuevo servicio, que, de este modo, se dedicará a reconducir el peligroso clima que se vive en las calles de España por esos años. Y es que no puede ignorarse que la efervescencia social, de lucha obrera y universitaria, alcanza una intensidad máxima durante una época en la que, al margen incluso de la violencia etarra, se producen centenares de muertos en las calles. El poder contempla seriamente el escenario de un nuevo conflicto armado y, por ello, a la represión policial se suman esas actuaciones de las que te hablaba. De modo que se vuelven muy habituales los contactos de los servicios secretos con miembros del PCE para, por ejemplo, impedir que sus militantes lleven a cabo determinadas acciones. O, si estas ya están en marcha, como en el caso de las concentraciones convocadas tras el asesinato de Carrero, agentes infiltrados se ocupan de canalizar la ira de los manifestantes hacia los autores materiales del atentado. En cualquier caso, una de las labores a las que se entregó con mayor empeño el SECED consistió en ir manteniendo encuentros con los principales líderes políticos para convencerlos de que, pese a la agitación callejera, la integridad del régimen no se encontraba en entredicho, por lo que era necesario encaminar todos los esfuerzos hacia una reforma controlada, abandonando cualquier anhelo rupturista o verdaderamente renovador. Semejante tarea no era sencilla, pues en tanto el interlocutor fuese la oposición izquierdista, se trataba de refrenar sus impulsos, mientras que, al abordar a la facción inmovilista del poder, el trabajo consistía más bien en todo lo contrario».

  «¿Me pones un poquito más? —pide Schumann, alargándome su taza vacía antes de insistir—: «Pero fueron componiéndoselas con todos…». «Con las herramientas propias de un servicio de inteligencia» —respondo—. «Piensa en la multitud de frentes que debían encarar. Por una parte, se encontraba el omnipotente búnker franquista, el ala de extrema derecha del régimen que, con el diario El Alcázar como portavoz, manifestaba una negativa tajante a cualquier pretensión reformista. En el lado contrario, la oposición política de izquierdas, que, repartida entre el interior y el exilio, sería convenientemente domesticada mediante las intrigas que hemos visto y algunas otras que comentaremos. Y, entre ambas, aquello que Fernández-Monzón denominaría la droite divine, sector antifranquista pero conservador que constituía una suerte de oposición blanda pues, en realidad, había vivido estupendamente durante el régimen. A todos ellos había que convencerlos, y con ninguno de ellos se podía fallar. Para asegurar el tiro, los miembros del SECED comienzan a establecer contactos con políticos de todo el espectro, pero prestando ahora especial atención a los situados en la franja que iba del centro-derecha moderado a la extrema derecha más reaccionaria. De tales encuentros irían surgiendo diferentes sociedades, muchos de cuyos integrantes manifestaban serias dudas acerca de la conveniencia de un plan que nunca terminaba de encajar con las expectativas de todos». «¿Y entonces?». «Piensa que nos encontramos en los prolegómenos del asociacionismo político. La legalización no tardaría en llegar, era un requisito indispensable para vender al exterior la imagen necesaria. Pero, mientras que la oposición de izquierdas se hallaba bien definida, el contrapeso ideológico de esta carecía de forma orgánica, y no podía esperarse que FET y de las JONS viniese a llenar ese hueco». «Por una cuestión de simple higiene democrática». «Exactamente». «¿Y qué me dices de la futura Alianza Popular?» «No contaban con la bendición del Imperio. Supongo que recordarás las advertencias que el embajador Stabler haría llegar al secretario de Estado Kissinger acerca de ellos: que eran una relación antinatural entre personas que solo tienen (…) en común el rencor. Fernández-Monzón apuntaría que, al morir Carrero, hubo una desbandada entre los tecnócratas, los ministros del Opus. Los echaron a todos, diría. Y, sobre Fraga, que jugaría un papel importante en aquellos movimientos, añade que estuvo a caballo de muchas cosas: del franquismo, de la democracia, de los que venían, de los que no venían. [Para Fraga], el castigo de dios, por así decirlo, fue que al final terminó no teniendo nada».  

  «En cualquier caso» —prosigo—, «de los miembros de una de aquellas sociedades, la Promotora de Estudios, S.A. (PROMESA), terminaría saliendo la principal lista de integrantes de la futura UCD». «Un nombre muy esperanzador» —bromea Schumann, mientras me acerca su taza para que se la rellene—; «sin embargo, las Cortes franquistas seguían ahí». «Firmes como un tronco. O, quizás, no tanto. Sea como sea, recuerda bien este nombre». «¿PROMESA?». «Sí. Según diversos periodistas y miembros de los servicios de inteligencia españoles, a finales de los años sesenta comenzó a confeccionarse un dosier con información pública y privada de miles de personalidades de todos los ámbitos que podían estar llamadas a desempeñar alguna clase de papel en la futura transición. El archivo, que recibió el nombre de Jano, contenía datos sensibles sobre políticos, militares, empresarios, financieros o miembros de los diferentes lobbies que, por su posición, eran susceptibles de convertirse en actores relevantes. Parece ser que el coronel del ejército de tierra José Ignacio San Martín, que dirigiría el OCN y, más tarde, el SECED, jugó un rol central en la confección y desarrollo de Jano». «Y ese nombre…». «¿Jano? Era un dios de la mitología romana. Protector de las puertas, los comienzos y los finales, se le representaba mediante dos rostros que, unidos por la nuca y vistos de perfil, miraban en direcciones contrarias, orientados simbólicamente hacia el pasado y el futuro. Se trataba de una manifestación de la voluntad de encarar el mañana sin olvidar el ayer». «Que todo cambie, pero manteniéndolo intacto». «Que todo cambie justamente para que nada tenga que cambiar. Tal era la voluntad del régimen, y a ese propósito sirvió el informe Jano». «De acuerdo, pero, ¿cómo funcionaba exactamente?». «Su implementación tuvo lugar en el marco de la denominada Operación Promesa, otra de las que llevaron a cabo los servicios de inteligencia durante la transición y los años previos. No era, por supuesto, asunto exclusivo del SECED, pues la CIA, además de conocer su existencia, también se sirvió de él. Había alrededor de diez mil personas fichadas en Jano, y no solo de los colectivos que acabamos de ver, pues también incluía a intelectuales, artistas, miembros de la judicatura y de la Iglesia, diplomáticos, profesores… y periodistas, sobre todo, periodistas. Se dice que uno de los sectores más penetrados por Jano era justamente la prensa». «En definitiva, todo el mundo». «En definitiva, todo aquel que había sido alguien en el país desde más o menos 1969. Las fichas se mantenían permanentemente actualizadas y, como podrás imaginar, no solo sirvieron para conocer las intenciones de unos y de otros, si podían o no formar parte del proceso y en qué medida, sino también como elemento de extorsión, llegado el caso». «Así, sin más». «¿Qué esperabas? Convencer a los principales miembros de sectores con sensibilidades muy diversas de la necesidad de un proyecto común que ha de discurrir por cauces tan y tan concretos no es algo que pueda lograrse por las buenas en todos los casos. Para algunos, bastaba con la zanahoria; para otros, era menester el palo. El plan, como te he dicho, no podía torcerse, y era preciso disponer las herramientas necesarias para reconducirlo ante determinadas eventualidades. A cualquier precio. Como confesaría el coronel Manuel Rey, quien colaboró años más tarde al frente del CESID con el teniente general Emilio Alonso Manglano, los servicios secretos pueden caer en la tentación de montar operaciones que la moral reprueba, la ley prohíbe y la justicia castiga, pero están hechos para eso». «De modo que Jano era el palo». «Lo fue, sí, en más de una oportunidad, y no únicamente en los momentos más críticos de la transición, sino también durante el 23-F, e incluso después, con la guerra sucia de los GAL contra ETA. Según parece, permaneció activo hasta 1996». «Bonita transición nos está quedando». «Ay, Schumann, si solo fuera eso… Ten presente lo que diría Fernández-Monzón al cabo de unos años: No es verdad todo lo que se ha dicho de la transición. Como eso de que el rey fue el motor. Ni Suárez ni él fueron motores de nada, solo piezas importantes de un plan muy bien diseñado (…) por la Secretaría de Estado y la CIA, y ejecutado, en gran parte, por el SECED, con el conocimiento de Franco, Carrero Blanco, y de pocos más».

  Schumann bebe un sorbo de café, pone la taza sobre la mesita y se deja caer boca arriba con la mirada clavada en el techo. Sus grandes ojos negros no parecen cansados. «Pero, en fin» —suspira—, «Carrero ya está muerto». «Sí. Y Franco ha puesto en su lugar a Arias Navarro, cuyo inmovilismo sería en última instancia el del búnker. Entretanto, en el tortuoso camino hacia la legalización de los partidos, se había constituido en julio de 1974 la Junta Democrática de España, una coalición de fuerzas políticas, sindicales y sociales que, impulsada por Antonio García-Trevijano, republicano convencido de que la opción rupturista era posible, agrupó a entidades como el PCE, el Partido Socialista Popular (PSP), CCOO o el Partido Carlista (PC)». «Aire fresco, ¿no?». «Sí, pero aire que quiso ir a contracorriente. No la de las calles, por supuesto, sino la del poder». «¿Qué pasó?». «Ocurrió que la Junta puso en cuestión la monarquía, y eso era tocar algo sagrado, algo que ya estaba decidido de antemano». «Algo que los Estados Unidos no iban a aceptar». «Por descontado, Schumann. Y aunque allí estaba el PCE, el propio Carrillo —muy hábil para olfatear por dónde soplarían los vientos—, ya estaba virando también hacia la socialdemocracia. De alguna forma, él mismo reconocería que, por su parte, no iba a tratarse más que de un afán de supervivencia política». «¿Qué dijo?». «Un año después, quiso tranquilizar a la CIA prometiéndole que la función del PCE no iba a ser la de instaurar el socialismo, y que el lugar de la izquierda opositora habría de ocuparlo en realidad una coalición de centro-izquierda». «Casi tan abyecto como el PSOE, si bien si mira». «Así es, Schumann; para su militancia, esa debería haber sido la lectura».

  «Pero todos estos movimientos se ven mejor con perspectiva. Sobre todo cuando lo que la historia oficial ha ido explicando después no se corresponde con lo que sucedió. Durante mucho tiempo, intentó atribuirse el mérito de la Junta Democrática a Carrillo, vendiéndolo como su impulsor cuando, en realidad, el manifiesto fundacional había sido cosa de Trevijano. Entretanto, a modo de contrapeso de la Junta Democrática, se fundó once meses más tarde la Plataforma de Convergencia Democrática, otro organismo de oposición al régimen que englobaría a partidos y sindicatos como el PSOE, Movimiento Comunista (MC), Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, el Consejo Consultivo Vasco y UGT, entre otros. Se trató, en realidad, de una oposición edulcorada, una farsa, y no solo por la deriva que había tomado el PSOE, sino porque albergó a destacados elementos de la derecha, como el monárquico Joaquín Satrústegui o el aristócrata Antonio de Senillosa. Además, la mayoría de sus miembros terminaron aceptando las imposiciones de los estadounidenses y de los franquistas conversos, seguramente azuzados por las presiones de los servicios secretos. Felipe González, quien tras su encumbramiento en Suresnes se sentía —y probablemente sabía— respaldado por un poder superior, hizo todos los posibles por acabar con la Junta de Trevijano, ya que esta última reclamaba la amnistía total, la formación de un gobierno provisional y, ya lo hemos visto, el pecado capital: la celebración de una consulta para determinar si el pueblo deseaba la monarquía o bien el restablecimiento de la legitimidad republicana».

  «Y acabó con ella, claro» —aventura Schumann—. «No mucho tiempo después» —respondo—, «pero no adelantemos acontecimientos. La crónica se acelera tanto en este punto que corremos el riesgo de dejar atrás capítulos muy reveladores. Franco se encontraba ya muy enfermo cuando se precipitó el desenlace de uno de los episodios más infames de la historia española reciente».

  Surgido de la unión de los territorios de Seguia el-Hamra y Río de Oro, la extensa colonia española del Sáhara había adquirido el estatus de provincia del Reino en 1958. Tras las presiones llevadas a cabo por Naciones Unidas en 1967 para su descolonización, y la violenta represión española ejercida sobre las revueltas protagonizadas por el incipiente Frente Polisario en 1970, España prometió, durante el verano del 74, la concesión de un estatuto que habría de otorgar mayor autonomía al territorio, así como la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que debería celebrarse a lo largo del primer semestre del año siguiente. Pero Marruecos y Mauritania, que con ello temían perder la posibilidad de no hacerse con el control de una zona tan rica en petróleo, gas, hierro y fosfatos, se opusieron al referéndum interponiendo ante el Tribunal Internacional de Justicia un recurso, que fue de inmediato apoyado por la Liga Árabe y el resto de países musulmanes. Naciones Unidas intervino, solicitando a España un aplazamiento sine die del referéndum en tanto no se produjese el dictamen de La Haya, petición a la que terminaría accediendo el gobierno de Arias Navarro en mayo de 1975. Poco antes de que se produjese la sentencia, ya en el mes de octubre, las Naciones Unidas constataron, tras una comisión desplazada al territorio en misión informativa, que la mayoría de la población saharaui era favorable a la independencia. Y entonces llegó el dictamen. El día 16 del mismo mes, la Corte Internacional rechazó en su veredicto la demanda de los países árabes, declarando que no podía afirmarse que, desde el año 1884, la colonia hubiese sido una demarcación marroquí o mauritana, y que, por tanto, España había usurpado ya en el siglo XX la soberanía saharaui, por lo que exhortaba al país a una inmediata descolonización. Es en ese momento cuando intervienen los Estados Unidos, para quienes los recursos naturales de la región tenían tanto interés como su posición estratégica, que debían evitar a toda costa pudiese caer en manos argelinas, ya que este país se hallaba dentro de la órbita soviética.

  «Pero, entonces» —me interroga Schumann—, «¿no fue Marruecos quien ocupó el territorio?». «El territorio fue ocupado por Marruecos» —respondo—, «pero no para Marruecos. Este utilizó la debilidad del régimen franquista, encarnada en la de su  moribundo dictador, como pretexto para lanzar el órdago de la Marcha Verde, si bien todo ello había sido perfectamente organizado como parte de un plan más amplio. Tras el segundo infarto de Franco, Juan Carlos asumió la interinidad de la jefatura del Estado. Aunque, para entonces, Madrid ya había cedido a las presiones. Por una parte, la de un lobby pro marroquí bien implantado en los medios financieros, militares y mediáticos del país; por otra, la de Washington. La entrega se produce a raíz de los informes que el embajador Stabler hizo llegar a Kissinger, cuya Secretaría de Estado cerraría el pacto secreto con el príncipe español y el rey marroquí. La financiación llegó de manos de Arabia Saudita, y permitió que los norteamericanos pudiesen tener dispuesta su ocupación manu militari del territorio mediante el envío a Hassan II de apoyo logístico, fundamentalmente armamento y suministros, poco después de la sentencia de La Haya. El plan, ultimado por la CIA y bautizado por los norteamericanos como Marcha Blanca, quedó camuflado dentro de la gran marcha civil pacífica que el rey marroquí dirigió hacia el Sáhara con el nombre de Marcha Verde, para cuya coordinación y dirección Vernon Walters se desplazó personalmente al país. La confabulación queda atestiguada por un cable fechado el 6 de noviembre, en el que Wells Stabler afirmaba que Juan Carlos le había dado garantías la jornada anterior de que una delegación de cincuenta marroquíes podría hacer su entrada en El Aaiún, de donde se habrían retirado las tropas españolas».

  «Oficialmente, España, con el Acuerdo Tripartito de Madrid, cedía la soberanía de la región a una administración temporal en la que también se hallaban Mauritania y Marruecos, si bien más tarde sería solo este último quien se hiciese cargo de la gestión del territorio». «¿Pero no decías que el Sáhara solo había sido ocupado por pero no para Marruecos?». «Y así fue. La cesión de soberanía, en realidad, era solo aparente, y no hay más que ver los acuerdos comerciales suscritos al respecto entre el país magrebí y los Estados Unidos para darse cuenta de quién iba a apropiarse de los recursos del territorio». «Y España, ¿qué sacaba a cambio?» «En primer lugar, se ahorraba un tremendo quebradero de cabeza en un momento tan crítico de su historia, que no es poco. Apuntalaba también el apoyo político estadounidense. Y terminaría beneficiándose de una serie de acuerdos marco en materia de pesca y cooperación económico-industrial». «Explotación de los recursos pesqueros, vamos». «Sí, poco más… migajas». «A cambio de abandonar el territorio y a su gente». «Eso es. Lo correcto hubiera sido aceptar la solución contemplada en el Plan Waldheim, obra del secretario general de las Naciones Unidas, que indicaba que debía cederse la administración del Sáhara a la ONU para que esta hubiese podido organizar y supervisar el referéndum. Las consecuencias inmediatas de los acuerdos finalmente alcanzados fueron terribles para la población local. El dique de contención de las tensiones acumuladas durante años saltó por los aires, conduciendo a una cruel guerra fratricida entre saharauis, marroquíes, mauritanos y argelinos que, desde 1975 hasta 1991, costó alrededor de 16.000 vidas y provocó más de 360.000 desplazados. El consiguiente éxodo masivo a los campos de refugiados de Tinduf no fue solo consecuencia de la guerra, sino también de la pérdida del acceso a los recursos con los que el pueblo saharaui hubiera debido contar para su desarrollo. A día de hoy, el conflicto sigue sin resolverse».

  Schumann me observa. Con el semblante grave, desvía alternativamente su mirada al exterior, a esa calle en penumbra donde ya es difícil saber si aún persiste la llovizna. «De modo que un pacto secreto entre Kissinger, Juan Carlos I y Hassan II…» —repite, como si quisiera señalar a los culpables del desamparo del pueblo saharaui—, «y financiado por Arabia Saudí». «Ahí está la comunicación de Wells Stabler con la Secretaría de Estado para dar fe de lo primero» —respondo—. «Juan Carlos solía llamar a Hassan II su hermano, ¿verdad?» —suelta Schumann, con tono retórico—. «Sí» —reconozco—, «existía entre ellos esa especie de camaradería…». «Y, con Arabia…» —quiere Saber Scumann—. «Tiempo habrá para eso» —la interrumpo—. «Los mascherati son numerosos en esta historia. Pero, ya que andamos en estos días, con España retirándose del Sáhara, Franco muriendo, Juan Carlos a punto de subir al trono, permíteme que echemos un vistazo a algo que ocurrió justamente el día 22 de ese agitado mes de noviembre. Lo cuenta Enrique de Diego en su libro La monarquía inútil, y el tiempo dirá qué relación guarda con los turbios tejemanejes a propósito de la cuestión del Sáhara. Esa misma jornada en que las Cortes proclamaban al nuevo rey, en el despacho del diplomático José María de Areilza varios patricios monárquicos acordaron que, para garantizar su bienestar, el Borbón debería percibir en el futuro una comisión por cada barril de petróleo que el Estado español adquiriese para su consumo. Cosas de reyes, Schumann».


  22 de enero de 2018.


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